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miércoles, 3 de abril de 2013

LA GENERALITAT DESESTIMA 5 PETICIONES DE INDENIZACIÒN POR LA PROHIBICIÒN DE EVENTOS TAURINOS. La Generalitat de Cataluña ha desestimado cinco reclamaciones de indemnización presentadas por empresas y particulares para demandar compensaciones económicas por los perjuicios derivados de la prohibición de las corridas de toros en esta Comunidad Autónoma. De este modo ya son 17 las solicitudes de indemnización rechazadas, de un total de 29, según ha informado el conseller de la Presidencia y portavoz del Govern, Francesc Homs, tras la reunión semanal del Ejecutivo catalán. El gobierno catalán ha tomado esta decisión tras recibir el dictamen favorable de la Comisión Jurídica Asesora, que ha resuelto que la ley aprobada en julio de 2010 no afecta al libre ejercicio de la actividad de estos profesionales porque, según entiende: 'Sólo limita la intervención de estos profesionales dentro del territorio de Cataluña y no afecta, en ningún caso, el libre ejercicio de su actividad, tanto al resto del Estado, como en cualquiera otro país donde las corridas estén autorizadas,' sostienen como motivo principal para desestimar las nuevas demandas. La resolución incluso va más sugiriendo a los profesionales taurinos que pueden dedicarse a realizar otras actividades en Cataluña diferentes al sector taurino: 'Nada los impide desarrollar su actividad en Cataluña en sectores diferentes al taurino'. El gobierno catalán ha recibido un total de 29 peticiones de reclamación de responsabilidad patrimonial desde que la prohibición entrara en vigor, el 1 de enero de 2012. Doce de ellas, presentadas por varios toreros ya fueron desestimadas el pasado mes de diciembre y que se unen ahora a las cinco rechazadas este martes. Por tanto, quedan otras doce reclamaciones pendientes de resolver. Los cinco recursos desestimados pertenecen a una empresa de transporte de animales, un equipo médico, una agencia de comunicación de publicidad y dos empresas ganaderas de toros de lidia. En julio de 2010, el Parlamento catalán prohibió las corridas de toros a través de la modificación de la ley de protección de los animales, un cambio normativo que entró en vigor el 1 de enero del 2012. Aquella ley instaba al ejecutivo catalán a determinar compensaciones económicas a particulares y empresas que se declararan como afectados del cese de la actividad taurina en Cataluña.

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